El nuevo marco normativo de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por los delitos de cohecho doméstico e internacional, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, obliga a las empresas privadas y públicas a implementar un modelo de prevención conocido en el derecho comparado como "Compliance".
Generar una nueva cultura de hacer negocio basada en la integridad y en el cumplimiento del marco normativo que le resulta aplicable, priorizando el valor reputacional que tiene una empresa al ser el principal activo que, en el mediano y largo plazo, ha de garantizar la sostenibilidad y crecimiento de la empresa en el tiempo.